El número de asuntos pendientes de resolución en los Juzgados especializados en cláusulas abusivas mantuvo en 2020 la tendencia a la baja de los dos ejercicios anteriores pese a los efectos negativos de la crisis sanitaria, especialmente durante el segundo y el tercer trimestre del año. Al concluir el ejercicio, los asuntos pendientes de resolución sumaban un total de 239.445, lo que equivale a un 1,88 menos que en 2019, cuando a 31 de diciembre de ese año fueron 244.036. A final de año, la actividad de estos órganos judiciales recuperó los niveles del año anterior prácticamente en todo el territorio nacional, con la excepción de la Comunidad de Madrid donde los niveles de resolución fueron muy inferiores a los del resto de Comunidades Autónomas y los de pendencia triplicaron la media nacional.
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La cuestión litigiosa consiste en determinar las cuantías adicionales concedidas para financiar la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social por la pérdida de nivel de cotización sufrida por los trabajadores como consecuencia de ERE, consideradas a efectos fiscales como rendimientos de trabajo, podían ser exigidas por la parte recurrente no en 2014, cuando efectivamente se concedieron, sino en los tres años anteriores, en cuyo caso deberán imputarse a efectos del IRPF a estos períodos (practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria).
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