AEDAF recurre el desarrollo normativo de la DAC 6

La Asociación Española de Asesores Fiscales, AEDAF ha recurrido ante el Tribunal Supremo el Real Decreto que desarrolla la Ley 10/2020 y, ante la Audiencia Nacional, la Orden Ministerial que crea los formularios informativos 234, 235 y 236. Los asesores fiscales han presentado estos recursos atendiendo al carácter retroactivo, así como al escaso margen de actuación, y las diversas deficiencias técnicas, de la normativa que desarrolla la directiva de 2008 conocida como DAC 6.
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El CERMI celebra la aprobación de la gran reforma del derecho civil en materia de discapacidad, que acabará con la incapacitación judicial

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha celebrado la aprobación, este miércoles, del Proyecto de Ley de por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
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El Pleno de la Sala de lo Civil del Supremo estima el recurso del beneficiario de un seguro de accidentes al rechazar la prescripción para el ejercicio de acciones

El Pleno de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha resuelto en una sentencia que el plazo para el ejercicio de acciones por el beneficiario contra la aseguradora de un seguro de accidentes por fallecimiento es el previsto en el art. 23 LCS, cinco años, y no el general establecido en el Código Civil.
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Incibe alerta de emails que suplantan al Ministerio de Economía y el Banco de España y contienen ‘malware’

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) ha detectado varias campañas de envío de correos electrónicos fraudulentos suplantando al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital y al Banco de España que contienen 'malware' o software malicioso.
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La modificación del calendario escolar de Cantabria vulneró el derecho a la negociación colectiva

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria ha estimado el recurso presentado por el sindicato Comisiones Obreras contra la resolución de la Consejería de Educación que modificó el calendario escolar para que fuera lectiva la primera semana de noviembre.
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El TSXG avala las medidas de la Xunta para hacer frente a la COVID-19 porque son “proporcionadas”

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha ratificado las medidas preventivas adoptadas por la Xunta tras la finalización del estado de alarma como consecuencia de la evolución de la situación epidemiológica derivada de la COVID-19 en la comunidad.
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El Ministerio de Inclusión liderará la modernización de pensiones y participará en la reforma del mercado laboral

En este sentido, ha indicado que participa en 4 de las 10 políticas, que se traducen en medidas contenidas en 5 de los 30 componentes que forman parte del plan y 10 reformas.
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Derechos de los repartidores en el ámbito de las plataformas digitales

Esta norma, con entrada en vigor el 12 de agosto de 2021, establece una presunción de laboralidad de las actividades de reparto o distribución efectuado a través de una plataforma digital e incluye la obligación de estas plataformas de informar a los representantes de los trabajadores de las reglas en las que se basan los algoritmos o sistemas de inteligencia artificial que afectan a la toma de decisiones que pueden incidir en las condiciones de trabajo, el acceso y mantenimiento del empleo.
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Juristas y políticos reivindican el valor del arbitraje para impulsar la reactivación económica y fortalecer la marca España

En el marco del 30 aniversario de la Corte de Arbitraje del ICAM, expertos y representantes del mundo jurídico e institucional se han dado cita en el Colegio de Abogados de Madrid para debatir sobre el potencial de este medio alternativo de resolución de controversias para impulsar la actividad económica y fortalecer la proyección internacional de España.
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El Supremo fija que el empleador debe pagar la tasa de renovación del Certificado de Aptitud Profesional del sector de transporte de viajeros por carretera

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija como doctrina que la empresa, y no el trabajador, debe asumir el importe de la tasa que grava la renovación del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) en el sector del transporte de viajeros por carretera, ya sea directamente o reintegrando su cuantía en los casos en que el trabajador haya abonado dicha tasa.
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