La Seguridad Social registra un saldo negativo de 3.209,23 millones de euros

Las cuentas de la Seguridad Social presentan un saldo negativo, a 30 de noviembre de 2020, de 3.209,23 millones de euros. Esta cifra es la diferencia entre unos derechos reconocidos por operaciones no financieras de 151.047,16 millones de euros, que registran un incremento del 12,5 , y unas obligaciones reconocidas de 154.256,39 millones, que crecen en un 10,2 interanual.
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Medidas antidesahucio y en materia de transportes

Esta norma, con vigencia desde 23 de diciembre de 2020 intenta, a través de soluciones efectivas, ponderadas y equilibradas, asegurar la protección social de las personas y hogares en el ámbito de la vivienda, así como garantizar el suministro de agua y energía a consumidores vulnerables. También toma medidas para ayudar al sector del transporte de viajeros por carretera.
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Apoyo al sector turístico, la hostelería y el comercio y en materia tributaria

La evolución de la pandemia ha hecho necesario extender la aplicación de algunas de las ayudas aprobadas en meses anteriores, así como aprobar nuevas medidas encaminadas a reforzar la actividad económica y a apoyar a empresas y autónomos del sector turístico, hostelería y comercio.
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ASPAC crea un Comité para garantizar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas para los Administradores Concursales

La Asociación Profesional de Administradores Concursales (ASPAC) ha puesto en marcha un Comité Independiente con el objetivo de asegurar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas publicado el pasado marzo. Este documento, el primero en España de este sector, fue presentado como una iniciativa de autorregulación y de adopción voluntaria, aunque de obligado cumplimiento para sus miembros.
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Aprobación definitiva los Presupuestos Generales de 2021

Desde el 1 de enero de 2021 España contará con unos nuevos Presupuestos, poniendo fin a la prórroga de las cuentas de 2018. Se trata de unas cuentas públicas extraordinarias que deben convertirse en el motor de la reconstrucción social y económica del país tras el impacto de la COVID-19.
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El Gobierno modifica el régimen sancionador de la Ley de Consumidores para facilitar que los afectados por cláusulas abusivas recuperen su dinero

La declaración de una cláusula como abusiva supone la nulidad de la misma con efectos retroactivos. Por tanto, las empresas están obligadas, no solo a dejar de incluir esa cláusula en los nuevos contratos, sino también a devolver todo lo cobrado en el pasado de forma ilícita.
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Relación de nombramientos en áreas TIC y de Innovación de la Administración. Semana del 21 de diciembre 2020

Los nombramientos se corresponden con los puestos de responsabilidad siguientes a desempeñar o relacionados con las Áreas TIC y de Innovación de la Administración.
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El CGPJ convoca dos plazas de magistrado/a en la Sala Primera del Tribunal Supremo

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha acordado anunciar en el Boletín Oficial del Estado la convocatoria de dos plazas de magistrado o magistrada en la Sala Primera del Tribunal Supremo, correspondientes al turno general y vacantes por la jubilación el pasado mes de noviembre de los magistrados Antonio Salas Carceller y Eduardo Baena Ruiz.
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CIAM y MWCC acuerdan la promoción de Madrid como la principal sede del arbitraje internacional en el sector de la ingeniería, construcción y arquitectura

El Centro Internacional de Arbitraje de Madrid (CIAM), que cuenta con el apoyo de entidades públicas, entre las que destaca el Ayuntamiento de Madrid, y privadas, y la Asociación Madrid Capital Mundial de la Construcción, Ingeniería y Arquitectura (MWCC) han alcanzado un acuerdo por el que MWCC promoverá de forma conjunta y apoyará a CIAM como imagen de España en el arbitraje comercial internacional.
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Autorizada la firma del Protocolo de Reclamaciones Colectivas de la Carta Social Europea revisada

El Protocolo de Reclamaciones Colectivas tiene por objeto mejorar la aplicación efectiva de los derechos garantizados por la Carta Social Europea mediante un procedimiento que permite a las organizaciones presentar reclamaciones al Comité Europeo de Derechos Sociales, garantizando la protección jurídica de los derechos laborales. Además, refuerza la participación de personas trabajadoras, empresarios y organizaciones no gubernamentales.
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