Esta Ley transpone, con efectos generales desde el 16 de junio de 2021, la Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que amplía el ámbito de aplicación al tratamiento nacional de los datos personales en el espacio de la cooperación policial y judicial penal. La transposición de esta directiva supone el establecimiento de un marco jurídico consistente, que proporciona la seguridad jurídica necesaria para facilitar la cooperación policial y judicial penal y, por tanto, una mayor eficacia en el desempeño de sus funciones por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y del sistema judicial penal en su conjunto, incluido el penitenciario.
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