“Se abre un tiempo nuevo para el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, en la que todos queremos ser un recurso que rema a favor de la protección de los derechos”. La presidenta de la Abogacía, Victoria Ortega, se felicitó así por la aprobación de la nueva Ley por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Pero advirtió de que “puede contener un efecto negativo en el legislador”.
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La Abogacía General del Estado (AGE) confirma, tras examinar la propuesta elevada por el Abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, que no procede la emisión del informe que le fue solicitado sobre los avales presentados por la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF), para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que se les reclama a 34 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana por su presunta implicación por los gastos indebidos en la promoción del procés en el extranjero, entre 2011 y 2017.
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