La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a tres años y medio de prisión por un delito continuado de estafa y a seis meses de cárcel por un delito de hurto a un mayorista del sector de la fruta que engañó a diez agricultores en operaciones de compraventa de cosechas y se quedó con 220 cajones de plástico de uno de los perjudicados.
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La cuestión litigiosa consiste en determinar las cuantías adicionales concedidas para financiar la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social por la pérdida de nivel de cotización sufrida por los trabajadores como consecuencia de ERE, consideradas a efectos fiscales como rendimientos de trabajo, podían ser exigidas por la parte recurrente no en 2014, cuando efectivamente se concedieron, sino en los tres años anteriores, en cuyo caso deberán imputarse a efectos del IRPF a estos períodos (practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria).
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