Facebook deberá pagar 106 millones en Francia por impuestos atrasados
La red social ha llegado a un acuerdo con las autoridades francesas por el que se compromete a abonar 106 millones de euros para zanjar la investigación abierta en 2012 en el país galo contra la compañía por los impuestos no pagados en Francia entre los ejercicios 2009 y 2018, según ha adelantado la revista 'Capital'.
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Fallece el jurista José Juan Pintó Ruiz
El abogado, jurista y economista catalán Josep Joan Pintó Ruiz, decano emérito del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (Icab), ha fallecido a los 93 años, ha informado este lunes la institución en un comunicado.
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Un grupo de usuarios de WeChat demanda al Gobierno de Donald Trump
Un grupo de usuarios de la aplicación de mensajería china WeChat, la más popular en el país asiático, ha presentado una demanda contra la Administración del presidente estadounidense Donald Trump, por la reciente orden ejecutiva que amenaza con prohibir la aplicación en Estados Unidos.
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Bruselas plantea que España reciba 21.300 millones del fondo de desempleo
La Comisión Europea ha propuesto este lunes que España reciba un préstamo de 21.300 millones de euros en el marco del fondo europeo contra el desempleo, conocido como SURE por sus siglas en inglés.
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Rechazan las medidas cautelarísimas que pedían los hosteleros de Alicante para suspender las limitaciones
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha desestimado la medida cautelarísima solicitada por la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa) para suspender la ampliación de restricciones acordada por la Consejería de Sanidad ante la evolución de la pandemia de coronavirus, por la preponderancia del interés general en la aplicación de la resolución.
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El CERMI plantea al Congreso que regule con “mayor intensidad” el compromiso social de las empresas
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado al Congreso de los Diputados que regule con “mayor intensidad” el compromiso social de las empresas e incorpore la dimensión de diversidad y accesibilidad universal.
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La sentencia del ERE de Sitel condena a la empresa a readmitir a los 303 despedidos de Sevilla
La sentencia de la sala de lo Social de la Audiencia Nacional que resuelve la impugnación del último expediente de regulación de empleo (ERE) promovido por la multinacional de teleservicios Sitel en su plataforma de Sevilla, ubicada en la avenida de la República Argentina, anula dicho despido colectivo, reconoce "el derecho de los trabajadores afectados a la reincorporación a sus puestos" y condena a la compañía a "la inmediata readmisión" de los empleados despedidos abonándoles los salarios dejados de percibir, según dicha sentencia emitida el pasado 31 de julio y recogida por Europa Press.
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Madrid pide revocar el auto que anula prohibir fumar en la calle y reprocha al juez que se «extralimite»
La Comunidad de Madrid ha reclamado la revocación del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid que anula el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en vía pública sin distancia de seguridad, al apreciar que el magistrado se "extralimita" en su resolución.
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Madrid pide revocar el auto que anula prohibir fumar en la calle y reprocha al juez que se "extralimite"
La Comunidad de Madrid ha reclamado la revocación del auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Madrid que anula el cierre del ocio nocturno y la prohibición de fumar en vía pública sin distancia de seguridad, al apreciar que el magistrado se "extralimita" en su resolución.
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Dudas sobre la eficacia de la app española “Radar Covid” para rastrear contactos tras la experiencia en Alemania e Italia
El lanzamiento de la app gubernamental de rastreo de contactos afectados por COVID-19 en España, anunciado para el próximo 15 de septiembre, provoca muchas dudas sobre su eficacia y utilidad tras analizar el funcionamiento de aplicaciones similares en países como Alemania e Italia, al que cabe sumar el duro reproche de la Agencia Española de Datos Personales (AEPD) por no haberla hecho partícipe en este proyecto de especial impacto en los derechos y libertades de los ciudadanos.
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