Procedencia del despido de una trabajadora por insultar al hijo de sus jefes
El Juzgado de lo Social nº 1 de Cáceres ha declarado procedente el despido de una trabajadora que llevaba 21 años en la empresa por llamar “gilipollas” y “niñato” al hijo de sus jefes que en esos momentos era su compañero de trabajo. La sentencia señala que “pensar que se deba obligar al empleador a confiar y convivir con un asalariado suyo que así se conduce lo considera el juzgador sumamente injusto”.
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Inkietos renueva su junta directiva
La asociación Inkietos ha renovado su junta directiva para los próximos tres años y ha reelegido presidente a Emilio Martínez, director general de organización (COO) del despacho Cuatrecasas.
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La AN rechaza la responsabilidad patrimonial del Banco de España por los perjuicios causados en la operación de venta del Banco Popular
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso que interpuso una empresa accionista del Popular contra el acuerdo del Banco de España que inadmitió la reclamación por responsabilidad patrimonial.
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Las patentes españolas registradas en Europa crecieron un 6 en 2019 por quinto año consecutivo
Las solicitudes de patente de origen español en la Oficina Europea de Patentes (OEP) crecieron un 6 en 2019 en comparación con el año anterior, lo que supone que aumentaron por quinto año consecutivo y confirma una tendencia al alza estable, según el Índice de Patentes 2019 de la OEP.
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Bruselas quiere combatir la obsolescencia programada a través del «derecho a reparar»
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo plan de acción para impulsar la economía circular, con el que pretende establecer en el bloque el "derecho a reparar" de los consumidores como principal medida para acabar con la obsolescencia programada de los dispositivos tecnológicos y aumentar su ciclo de vida.
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Bruselas quiere combatir la obsolescencia programada a través del "derecho a reparar"
La Comisión Europea ha presentado este miércoles un nuevo plan de acción para impulsar la economía circular, con el que pretende establecer en el bloque el "derecho a reparar" de los consumidores como principal medida para acabar con la obsolescencia programada de los dispositivos tecnológicos y aumentar su ciclo de vida.
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Los economistas recomiendan aplazar impuestos, ayudas para teletrabajo y planes de contingencia en empresas
El Consejo General de Economistas (CGE) ha lanzado una serie de propuestas de urgencia de carácter económico para las autoridades, los profesionales y la sociedad, que pasan por aplazar el pago de determinados impuestos a su vencimiento, establecer ayudas para el teletrabajo o realizar planes de contingencia en las empresas.
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El teletrabajo continua creciendo y alcanza el máximo histórico con un 7,9 de personas ocupadas en España
La proporción de empleados que practican el teletrabajo, al menos de manera ocasional, está experimentando un crecimiento paulatino. De hecho, durante el último trimestre de 2019 se ha registrado un 7,9 de personas ocupadas con teletrabajo. Esta cifra, que equivale a poco más de 1,5 millones de personas, supone un nuevo máximo histórico y un aumento interanual de cuatro décimas.
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Medidas a adoptar respecto de los funcionarios de Justicia con motivo del COVID-19
El secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Borja Vargues, ha firmado una resolución relativa a las medidas a adoptar respecto de los letrados de la Administración de Justicia, cuerpos generales y especiales y resto de personal funcionario del territorio del Ministerio de Justicia con motivo de la incidencia del coronavirus.
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La AN confirma que ‘Hazteoir’ no debe ser reconocida como entidad de utilidad pública
La Sala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional ha rechazado el recurso interpuesto por la Asociación ‘Hazteoir’ contra la resolución de 4 de febrero de 2019 del Ministerio del Interior que revocó la declaración de utilidad pública a esta asociación, por su campaña publicitaria HOBus. El tribunal concluye que, con la mencionada campaña publicitaria Hazteoir incumplió el deber de promover el interés general, en uno de sus aspectos, el de la tolerancia, previsto en la ley que regula el derecho de asociación y la declaración de utilidad pública.
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