Casi todos los partidos que conforman el Congreso de los Diputados, que suman diputados por encima de la mayoría absoluta de la Cámara, han mostrado ya su rechazo frontal al decreto ley que recoge el acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) para la liberación de los remanentes y el uso del superávit, que debe someterse a una votación de convalidación o derogación en el plazo de un mes.
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