No se puede sustituir pena de prisión inferior a un año impuesta a extranjero por una de expulsión

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que establece el criterio para interpretar el artículo 89 del Código Penal que en su apartado 1 dispone que “las penas de prisión de más de un año impuestas a un ciudadano extranjero serán sustituidas por su expulsión del territorio español”. Además, aborda si para fijar dicha pena de un año se debe tener en cuenta la pena asignada al delito cometido o la dictada en sentencia judicial.
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Condena de prisión a tutor por apropiarse del dinero de sus sobrinos huérfanos

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a cuatro años de prisión impuesta al tío de dos menores huérfanos al acreditarse que, como tutor legal de sus sobrinos, se apoderó del dinero que cobraron de las compañías de seguro y de las pensiones de orfandad que percibieron tras la muerte de sus padres en un accidente de tráfico.
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Sin acuerdo para prorrogar los ERTEs pese a presentar sindicatos y empresarios una propuesta conjunta

La reunión que han celebrado esta tarde Gobierno y agentes sociales para seguir negociando la prórroga de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs) más allá del 30 de junio ha finalizado sin acuerdo y sin fecha para un próximo encuentro, según fuentes de la negociación.
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El Pleno rechaza la devolución al Gobierno de la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la LECrim

El Pleno del Congreso ha rechazado este miércoles la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso a la Proposición de Ley de derogación del plazo máximo previsto para la instrucción en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con una votación de 93 votos a favor, 247 en contra y 9 abstenciones.
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Un juez anula la decisión del Ayuntamiento de suspender las multas en Madrid Central

El magistrado del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 24 de Madrid ha declarado que la decisión del Ayuntamiento de Madrid de 27 de junio de 2019 de establecer una moratoria de las multas en la Zona de Bajas Emisiones de la capital (Madrid Central) es “disconforme a derecho” y procede por tanto su anulación. La decisión del órgano judicial es la consecuencia de haber estimado el recurso de AEDENAT-Ecologistas en Acción de Madrid contra dicho acuerdo.
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El Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación supera su primer examen parlamentario

Este Proyecto de Ley Orgánica, conocido como LOMLOE, tiene como objetivo la derogación de la LOMCE y la actualización de la LOE a través de cinco pilares: la toma de los derechos de la infancia como principios rectores del sistema, según lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas (1989); la igualdad de género y la prevención de la violencia de género; la mejora de los centros educativos con una mayor personalización del aprendizaje; la importancia de atender al desarrollo sostenible según lo establecido en la Agenda 2030; y la necesidad de atender al cambio digital en la actividad educativa.
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El TS establece que externalizar la publicidad no exime a las empresas de su obligación de excluir a los clientes que no quieren recibirla

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha establecido en una sentencia que la externalización de las campañas publicitarias no exime a las empresas de su obligación de adoptar las medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de sus clientes a oponerse a recibir publicidad.
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Creación del Fondo COVID-19 y reglas relativas a su distribución y libramiento

El Fondo COVID-19, que ha entrado en vigor el 17 de junio, se configura como un fondo excepcional de carácter presupuestario, cuyo objeto es dotar de mayor financiación mediante transferencias a las comunidades autónomas y ciudades con estatuto de autonomía, para hacer frente a la incidencia presupuestaria derivada de la crisis originada por el COVID-19.
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El Gobierno y los sindicatos CSIF, UGT y CIG acuerdan las medidas para la nueva normalidad en la Administración General del Estado

La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, y los representantes sindicales de CSIF, UGT y CIG, han suscrito por vía electrónica el acuerdo sobre las medidas para adecuar el funcionamiento de la Administración General del Estado (AGE) y la reincorporación de su personal en la etapa de la nueva normalidad, en las modalidades tanto la ordinaria presencial como la no presencial.
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Los empleados públicos podrán tener un 20 de trabajo no presencial a la semana en la «nueva normalidad»

La Federación de Empleados (FeSP) de UGT ha alcanzado un acuerdo con Función Pública que tiene como objeto establecer un marco general para garantizar homogeneidad en las medidas que se aplicarán a los trabajadores de la Administración General del Estado en la fase de nueva normalidad, entre las que se fija que se podrá compaginar el trabajo presencial con prestación del trabajo en la modalidad no presencial de hasta un 20 de la semana.
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